Pedro Torres: "¡Devuélvanme mi dinero!

“Give my money back!”. Con esta frase lapidaria ha pasado a la historia la exigencia de la primera ministra británica, Margaret Thatcher, a sus socios europeos durante la discusión de los instrumentos de financiación de las políticas comunes de la Unión, hace ya algunos años. Tal parece ser hoy también aquí el grito de guerra de los dirigentes políticos catalanes cuando apelan al derecho a negociar directamente con el Gobierno de España el nuevo sistema de financiación, a través de lo que en el texto del nuevo Estatuto catalán se denomina comisión mixta de asuntos económicos y fiscales Estado-Generalitat. Proponen desde Cataluña publicar las balanzas fiscales para que todos los españoles comprobemos lo que aporta cada territorio y lo que recibe a cambio e insisten en que el nuevo sistema de financiación autonómica tenga en cuenta la presencia en esa comunidad de un importante contingente de población inmigrante. Desde la lógica de quien considere que las relaciones políticas y económicas entre Cataluña y España son las propias de dos socios con plena capacidad jurídica que constituyen una sociedad mercantil a partes iguales, no cabe duda de que el planteamiento es de una lógica aplastante. Do ut des, reciprocidad. El problema surge cuando se cuestiona la mayor: la discusión y negociación en los próximos meses de un nuevo sistema de financiación para las comunidades autónomas de régimen común no es una negociación bilateral y sucesiva entre iguales, sino la búsqueda de un acuerdo entre el Estado y diecinueve entidades autónomas que jurídicamente forman parte del mismo, y que en virtud de la Constitución y de los respectivos Estatutos de autonomía asumen el poder –y el deber- de prestar a los ciudadanos españoles que residan en su territorio ciertos servicios (como la sanidad o la educación, entre otros). Este último modo de plantear la cuestión implica un principio de justicia distributiva, de solidaridad y de coordinación que en el primer planteamiento están ausentes. Podríamos tratar de ignorar estas cuestiones de principio y bajar al detalle de los porcentajes y las cifras, pero el problema es, en el fondo, de concepción política. En unas recientes declaraciones, el secretario de Estado de Hacienda del Gobierno de España afirma que “ahora el debate es financiero en un 90% y político en un 10%”. No lo creo. O más bien creo que la dificultad mayor para alcanzar un acuerdo duradero en el tema de la financiación está en ese 10% que no podemos despreciar. Quizá quienes como UPyD nos empeñamos en recordar que el acuerdo político al que llamamos Constitución es el que es y no el que algunos quisieran que fuera: que instituye un Estado autonómico y no una confederación de naciones, pequemos de aguafiestas y entorpezcamos la marcha fluida de esta España plural y diversa que se busca afanosamente a sí misma. Pero qué le vamos a hacer, no veo por qué tengamos que renunciar a defender nuestras ideas. Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha escrito recientemente en un artículo sobre el tema que lo que debe preocuparnos no es saber cuánto gana un territorio de promedio, sino que el ciudadano que en una comunidad autónoma determinada gane 100, contribuya por cien y que quien gane por 10, resida donde resida, contribuya por 10. Y añade que cuando una política es transformadora y progresista, debe posibilitar la solidaridad entre los ciudadanos. Artur Mas, desde la oposición, defiende la propuesta de negociación bilateral lanzada por el ejecutivo catalán, para que Cataluña “No tenga que estar mezclada siempre con el café para todos de las comunidades autónomas restantes”. No cabe desprecio más absoluto del principio de solidaridad y del papel redistribuidor de la política económica de un Estado.
El Gobierno de Cantabria, a través de las declaraciones de su Presidente, de su Vicepresidenta y del Consejero de Economía, se ha sumado a la opinión de quienes reclaman ”un modelo de financiación que tenga como propósito explícito proporcionar a los ciudadanos de todas las comunidades autónomas el mismo nivel de servicios públicos” y apuesta por mecanismos de solidaridad que compensen las distintas realidades regionales, teniendo en cuenta factores como la dispersión de la población o el déficit de infraestructuras. En declaraciones recientes, Ángel Agudo sugiere además que las comunidades de régimen foral deberían integrarse en estas políticas de nivelación. En este sentido, las palabras más contundentes vienen del catedrático de Economía Mikel Buesa, para quien el sistema actual de cálculo del Cupo vasco y de la Aportación navarra, es decir, el dinero que las Haciendas forales de Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra entregan al Estado en compensación por los servicios que éste presta a los ciudadanos residentes en sus territorios, está infravalorado, por lo que éstas comunidades autónomas son indirectamente financiadas por el resto de los españoles. Quizás, después de todo, no sea tan mala la idea de que las balanzas fiscales se hagan públicas y todos sepamos, -¡luz y taquígrafos!- quién está pagando los famosos cafés y quién se limita a amagar, enseñando la cartera.