La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria (TSJC) cree que existen "indicios objetivos suficientes" para
que continúe el "procedimiento" por presunta prevaricación y
obstrucción a la justicia contra el consejero de Industria y Desarrollo
Tecnológico, Javier del Olmo, y por ello ha rechazado el recurso de
apelación presentado por sus abogados contra el auto que transformó las
diligencias previas del caso en procedimiento abreviado.
Ahora habrá que ver si la fiscalía y la acusación particular
presentan o no escritos de acusación, requisito necesario para que
finalmente se abra juicio oral en torno a este asunto.
Si se presenta escrito de acusación, se dará después traslado a
la representación del consejero para que presente escrito de defensa y,
posteriormente, se dictaría auto de apertura de juicio oral y se
señalaría fecha para el juicio, que debería celebrar un tribunal
formado por tres magistrados del TSJC que aún "no hayan conocido de
estos hechos".
Del Olmo fue denunciado por un directivo y un trabajador del
Puerto tras despedir a uno de ellos por declarar en favor del otro en
un proceso de reclamación de categoría laboral y empeorar supuestamente
las condiciones de trabajo al otro.
En el auto de transformación de las diligencias en procedimiento
abreviado se señalaba que los hechos podrían ser constitutivos de
sendos delitos de obstrucción a la justicia "por represalias", en uno
de los casos en concurso con otro delito de prevaricación, por tomar
como presidente del Puerto una decisión que competía al Consejo.
Ese auto fue recurrido por la Abogacía del Estado --que
representa al consejero porque en el momento de los hechos presidía el
Puerto--, que presentó un recurso de reforma --ya desestimado-- y
subsidiariamente de apelación, que es el recurso rechazado ahora.
En este nuevo auto de la Sala de lo Civil y Penal, fechado el viernes día 4, se rechazan uno a uno los argumentos alegados por la defensa
del consejero. Entre otras cosas, la Abogacía del Estado cuestionaba la
existencia de elementos para imputar a Del Olmo por presunta
obstrucción a la justicia.
Sin embargo, los magistrados que firman el auto repasan los
requisitos que marcan la ley y la jurisprudencia para imputar este
delito y, a su juicio, en este caso, y con independencia de la decisión
que se adopte si se llega a abrir juicio oral, no hay razones, "al
menos indiciariamente", para descartar "de forma clara y tajante" la
existencia de "elementos del tipo penal".
PREVARICACIÓN.
En cuanto al supuesto delito de prevaricación, la Sala recuerda
que deben darse varias condiciones, por ejemplo, que se haya dictado
una resolución administrativa "arbitraria a sabiendas de su injusticia"
o que se tome "con absoluta falta de competencia".
La defensa, argumentaba que en este caso no puede considerarse
prevaricación porque no se trata de un asunto administrativo, sino
laboral; porque la resolución no es injusta, ya que, a su juicio, había
"motivos" para el despido; y porque, además, la resolución "no se dictó
a sabiendas de su injusticia".
Frente a ello, la Sala cree que "indiciariamente" y, a la vista
de la sentencia que declaró ilegal el despido por la vía laboral, fue
una resolución "injusta", pero además, subraya la existencia de "vicios
procedimentales en materia de atribución de competencias".
Junto a ello, rechaza la interpretación "injustificadamente
restrictiva" que hace la defensa del concepto de "asunto
administrativo", porque "dejaría desprotegidos desde el punto de vista
penal a un numeroso colectivo de trabajadores vinculados a la
Administración pública por una relación laboral y no funcionarial".
Finalmente, también aducía la defensa que la Sala puso fin a la
fase de diligencias previas y acordó la transformación en procedimiento
abreviado sin haber practicado todas las pruebas solicitadas. Así, la
Abogacía del Estado explicaba que no se habían practicado algunas de
las pruebas propuestas cuando los hechos todavía estaban en el Juzgado
de Instrucción número 2.
Sin embargo, el auto responde que cuando las diligencias se
trasladaron al TSJC --tras el nombramiento de Del Olmo como consejero
del Gobierno regional--, su defensa no reiteró la petición de que se
practicaran todas las pruebas pendientes y sólo solicitó la declaración
de uno de los testigos propuestos ante el Juzgado.
